Empresas, REPSA Derechos Humanos

REPSA Derechos Humanos

Empresas en la picota por violaciones a los Derechos Humanos 

 REPSA Derechos Humanos. Aunque cada vez son menos los casos en los que se reportan violaciones de los Derechos Humanos por parte de empresas privadas, todavía se presentan suficientes casos de preocupación, sobre los cuales debe trabajarse intensamente para que sean superados. A diario se comprueba que el marco ideal para la productividad y competencia ya no se circunscribe a las reglas tradicionales del mercado. Antes bien, este ha incorporado elementos de tipo social en los procesos productivos que no pueden ser ignorados por ninguna compañía que pretenda incrustarse en el mercado mundial, especialmente en el ámbito comercial.

Entre los elementos que hoy se toman en cuenta antes de aceptar determinados productos, nos encontramos con los protocolos de respeto al medio ambiente que aplican, el estado de sus relaciones laborales y, sobre todo, la no violación de los Derechos Humanos, tanto de sus trabajadores como de los vecinos que viven en las cercanías de sus plantas de operación.

Ahora bien, si las reglas de juego del mercado internacional están definidas desde fines del siglo pasado, ¿por qué razón algunas empresas locales se resisten a modernizarse y participar en las condiciones que se han impuesto en la actualidad? Algunas de las empresas violadoras están en Guatemala donde, sólo muy recientemente, se han empezado a aplicar programas que buscan poner fin a estas prácticas indeseables.

Según expertos, las principales causas -aparte de la renuencia de cierto sector empresarial a aceptar esas nuevas reglas- se encuentran en la debilidad del Estado para accionar y actuar como árbitro válido en casos de violaciones de los Derechos Humanos. Por otro lado, el marco jurídico-institucional tampoco es lo suficientemente sólido para imponer los límites y definir el ámbito de las normas que deben atenderse.

Una de las formas más frecuentes de conflicto entre empresas y comunidades se encuentra en los conflictos agudos que se observan en determinados sectores, como el caso de la construcción de hidroeléctricas y la proliferación de licencias para exploración y su eventual explotación minera, sin que medie la opinión de las comunidades asentadas en las áreas donde se espera generar la producción.

Hoy en día, las obligaciones referidas a promover y proteger los derechos humanos se están volviendo, tanto en la teoría como en la práctica, más explícitas para los actores no estatales – como las empresas comerciales. Por ejemplo, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a que “cada individuo y cada órgano de la sociedad” defiendan y promuevan los principios contenidos en la Declaración. Según los expertos legales, tal obligación incluye a todas las personas y a todas las entidades legales, como las empresas. Otros estándares internacionales en el campo de la “ley blanda” que, en forma directa, imponen a las empresas obligaciones sobre derechos humanos son la Declaración Tripartita de la OIT, formulada en 1977, y las Directrices OCDE sobre Multinacionales (adoptadas en 1976 y revisadas en 2000).

Además, cada vez más compañías diseñan y ponen en práctica políticas específicas sobre derechos humanos. Según el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos6, más de 240 empresas han formulado sus propias pautas y más de 5.200 compañías están listadas como miembros activos del Pacto Global de la ONU7, una iniciativa multisectorial que compromete a las empresas a respetar los principios universales relativos a los derechos humanos, laborales y ambientales y a las prácticas anticorrupción.

Derechos Humanos: situación imprecisa

 En cuanto al panorama de los Derechos Humanos de los trabajadores y comunidades en Guatemala, los reclamos generalmente se enfocan en:

a) el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, tierras y territorios;

b) los derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la paz y cohesión social, a un ambiente sano y los derechos de las mujeres.

Como puede apreciarse, y hay que decirlo, también se trata de un marco demasiado politizado. No son necesariamente los derechos humanos primordiales los que, según se dice, son los violentados sino aquellos que apuntalan las agendas de ciertos grupos de oenegés financiadas internacionalmente.

Lo anterior ha sido un caldo de cultivo apropiado para un amplio repertorio de acciones colectivas donde actúan diversas fuerzas sociales guatemaltecas que en los últimos años han denunciado la problemática y demandar lo que consideran violaciones a los derechos humanos de sus comunidades. Sin embargo, en el caso de las hidroeléctricas surge una aguda contradicción: ¿Acaso la promoción de energía limpia no es una de las demandas mundiales más sentidas, en materia de protección al medio ambiente?

Estadísticas oficiales

 De acuerdo con el Banco de Guatemala, hasta abril de 2017 el país exportó metales y piedras preciosas por un monto de 68.6 millones de dólares, cantidad que se pronostica muy inferior a los 941.6 millones de dólares que se exportaban en 2011.

Lo anterior significa que se trata de una industria que tiende a desaparecer (al menos en las áreas donde se generó mayor conflictividad) y con ello también se diluyen las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos, como aquella planteada en 2015 por una delegación europea y que dice haber “constatado el incremento de las agresiones contra ambientalistas, campesinos, pueblos indígenas, activistas sociales, y otros a razón de 2.2 por días para un total de 805 en 2014”.

Esfuerzos de modernización

 Luego de una reciente reunión del Foro de las Naciones Unidas Sobre Empresas y Derechos Humanos sostenida en Ginebra, Suiza y donde participó una delegación del CACIF, sus representantes emitieron una declaración en la que se admite que “El respeto a los Derechos Humanos es una contribución clave para el desarrollo sostenible”.

En dicha Declaración el sector empresarial guatemalteco reconoce la validez de la histórica adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y subraya la importancia del llamado mundial a la acción para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. En cuanto al sector empresarial, afirma el CACIF, éste puede desempeñar e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Para ello, le propone a las empresas aplicar la creatividad y la innovación en ayuda a la resolución de los desafíos mundiales de desarrollo sostenible.

Y en cuanto al tema Derechos Humanos el documento declarativo sostiene que: “El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera económica es esencial, en tanto que las actividades comerciales que no respetan los derechos humanos socavan el desarrollo sostenible”.

Finalmente, señala que “Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, reafirmamos nuestro compromiso con los Principios Rectores de la ONU y por continuar promoviendo su implementación a través de nuestra red de miembros (inclusive a nivel nacional) y de la comunidad empresarial mundial. Instamos a las empresas de todo el mundo a ampliar sus esfuerzos por respetar los derechos humanos universalmente aceptados en todas sus operaciones, cadenas de valor y relaciones comerciales”.